Los muros de la impunidad militar se siguen agrietando en el Cono Sur y pareciera que cuaja de manera inorgánica un contra–Cóndor judicial. Un juez de la Corte Suprema chilena acepta el requerimiento del juez argentino Rodolfo Canicoba Corral y ordena la prisión preventiva del siniestro ex jefe de la DINA, general (R) Manuel Contreras. La jueza argentina Servini de Cubría da curso al pedido de prisión preventiva del no menos siniestro Alfredo Astiz formulado por un juez italiano. El juez Canicoba Corral solicita la extradición de un policía y tres militares uruguayosinvolucrados en la tortura y desaparición en la Argentina de decenas de sus conciudadanos. Todos los indiciados han cometido crímenes de lesa humanidad y delitos imprescriptibles como la desaparición forzada de personas. Los gobiernos civiles conosureños ocultan su intención de impedir que los asesinos sean juzgados.

El gobierno argentino ha sido claro. El ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, no ha vacilado en mostrarse “convencido de que (no extraditar a Astiz) es la manera de preservar el principio esencial de soberanía”. Es curioso este aserto en boca de quien forma parte de una administración que obedece puntualmente las exigencias de organismos extranacionales como el FMI y el Banco Mundial. Juan Pablo Baylac, vocero del gobierno De la Rúa, enarboló “el principio de territorialidad de la ley penal”. Como señaló en estas páginas el especialista en derecho internacional Alberto Zuppi: “Es una burrada decir que Argentina no reconoce la extraterritorialidad, tiene convenios firmados en que reconoce la extraterritorialidad”. Algunos de esos pactos son la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y la Convención Interamericana de la OEA sobre la Desaparición Forzada de Personas. El ordenamiento jurídico interno de un Estado firmante de tales convenciones en ningún caso puede contravenir las obligaciones que ha contraído por ellas.

El gobierno del Uruguay ha mostrado más prudencia declaratoria luego de que Daniel Borrelli, ministro del Interior interino, afirmara que la Ley de Caducidad que ampara a los represores uruguayos –aprobada en diciembre de 1986 y ratificada por plebiscito nacional– los cubre “incluso por delitos cometidos fuera del país”. Nuevamente, curioso: he aquí una ley uruguaya que tendría alcance extraterritorial para evitar la justicia que se moteja de extraterritorial. En momentos de escribirse estas líneas se esperaba la declaración oficial del ministro del Interior, Guillermo Stirling, rechazando el pedido de prisión preventiva elevado por el juez Canicoba. Curioso otra vez: se supone que el Ministerio a su cargo debe limitarse a girar el requerimiento a la Justicia para que ésta se expida. Según fuentes oficiales que cita el diario montevideano La República, el presidente Jorge Batlle ya había informado el miércoles 4 a los ex presidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle, los otros dos líderes del grupo gobernante, que desestimará además el pedido de extradición.

Conviene repasar brevemente la calaña de los tan protegidos mílites uruguayos que el juez Canicoba acusa de participar en “un plan criminal” para “la comisión de ilícitos con la característica sistemática de desaparición forzada de personas”.

Coronel (R) Jorge Silveira Quesada, que en aquellos años acumuló los alias de “Pajarito”, “Siete Sierras”, “Sierra” y “Chimichurri”: torturador visto y sufrido en el centro clandestino de detención Automores Orletti, Buenos Aires, y en el local del Servicio de Información de Defensa (SID) ubicado en Bulevar Artigas y Palmar, Montevideo; en actividad hasta hace un año como asesor personal del comandante en jefe del ejército; fue uno de los dos que depositaron la canasta con una beba robada de dos meses ymedio –mi nieta– en el umbral de la casa de quienes la criaron; el otro fue el policía Ricardo Medina Blanco. Indultado por Menem.

Teniente coronel (R) José Nino Gavazzo Pereira, jefe operativo del personal militar uruguayo que se desempeñó en Orletti: comandó el secuestro, tortura y desaparición de 140 compatriotas en la Argentina; actuaba a cara descubierta, decía su nombre a los prisioneros y a veces les mostraba un encendedor de oro con sus iniciales que le regaló la CIA; encabezó el operativo de secuestro en Buenos Aires de la ciudadana uruguaya Sara Méndez en que le robaron el hijo Simón, de 20 días de edad. Indultado por Menem.

Mayor (R) Manuel Juan Cordero Piacentini, miembro del SID: torturador, secuestrador, visto en Orletti; fue uno de los dos que se llevaron de Orletti a mi nuera embarazada de más de 8 meses para trasladarla al local del SID; el otro fue el capitán (R) José Ricardo Arab Fernández. Indultado por Menem.

Comisario (R) Hugo Campos Hermida, miembro de la Dirección de Inteligencia y Enlace del Ministerio del Interior cuando la dictadura cívico–militar uruguaya; torturador y algo más, visto en Orletti. Indultado por Menem.

Cabría agregar otros nombres, claro, como el del coronel Ernesto Avelino Rama Pereira y el del entonces capitán Gilberto Vázquez, que habrían estado involucrados en el asesinato de mi nuera en cumplimiento de directivas generales acuñadas por Cóndores argentinos como los generales Carlos Otto Paladino, Albano Harguindeguy y Guillermo Suárez Mason, y por Cóndores uruguayos como el general Amaury Prantl.

Estos son los señores que defendió ayer el gobierno de Julio María Sanguinetti y hoy abriga el gobierno actual.

Es entendible, aunque repugnante y aun innecesaria, la solidaridad de cuerpo que lleva a una mayoría de jefes y oficiales no comprometidos con la represión a cobijar a un grupo de camaradas, sí, torturadores y asesinos también. Lo que no se entiende es la actitud de los gobiernos elegidos en las urnas que dan continuidad al cobijo. En nuestras tierras los presidentes civiles son comandantes en jefe de las fuerzas armadas: ¿creen que deben ser solidarios con el cuerpo armado y no con el cuerpo de la Nación? Y luego: un presidente es ante todo un ser humano. ¿O no? Los represores cometieron crímenes contra la humanidad. ¿O no? Esos crímenes lastiman la humanidad de un presidente. ¿O no?