Después de la nieta de Gelman

El reencuentro de Juan Gelman con su nieta, desaparecida desde 1976, marcó un antes y un después en el tratamiento de las cuestiones vinculadas a los desaparecidos, a los niños nacidos en prisión y apropiados por los represores y a la coordinación entre los servicios de seguridad de las dictaduras de esta región de América durante los años 70 y principios de los 80.

Una verdadera montaña de afirmaciones “oficiales” sostenidas en respuesta o, más bien, contra Juan Gelman, se derrumbó cuando el nuevo titular del Poder Ejecutivo, doctor Jorge Batlle, confirmó el encuentro y dio evidencias precisas que permitieron avanzar en el terreno que su antecesor, Julio María Sanguinetti, se había negado sistemáticamente a emprender.

Contrariamente a la doctrina oficial sanguinettista, la saga del poeta Gelman permite afirmar fehacientemente que en Uruguay nacieron niños en prisión, que en Uruguay han desaparecido las madres que los dieron a luz, y que en Uruguay hubo presos provenientes de Argentina, como fruto de la colaboración de los servicios de inteligencia.

Como se ha dicho más de una vez, el problema de los detenidos-desaparecidos constituye una “asignatura pendiente” en la transición democrática en Uruguay. Es problema es complejo y, contrariamente a lo sostenido durante años por el oficialismo, está muy lejos de haber quedado resuelto en 1989.

Hay, en primer lugar, un aspecto humanitario, estrechamente ligado a una cuestión que atañe a toda la sociedad. La subsistencia del vacío generado por la desaparición en los familiares es una mácula desde el punto de vista humano, del respeto y la consideración de los derechos de todos los ciudadanos. La detención y desaparición de personas se generó como un acto de fuerza ejecutado por el Estado bajo un régimen de excepción. El vacío de referencias, el horror y el efecto de intimidación provocado por la falta de noticias del secuestrado, constituyó un factor que afectó a toda la sociedad, obstaculizando e inhibiendo sus procesos de asociación y participación política.

En ese sentido, las desapariciones son un problema de toda la comunidad. No admiten una resolución “discreta”, un abordaje “privado” de lo que ha sido y es un problema de la sociedad toda.

También se ha planteado que los desaparecidos son el resultado de un tiempo de guerra. Sin embargo, no es así. Las desapariciones ocurrieron, mayoritariamente, después del golpe de junio de 1973, cuando de acuerdo a las declaraciones oficiales “la guerra había terminado” en noviembre de 1972.

Los secuestros se realizaron, a partir de 1976, durante la vigencia del régimen de dictadura, presidencias dictatoriales de Juan María Bordaberry, Aparicio Méndez y Gregorio Alvarez.

Las desapariciones forzadas no han sido el resultado no querido de los avatares y tribulaciones de un período de confrontaciones bélicas, sino, por el contrario, se consuman para reforzar los mecanismos de intimidación que caracterizan a los regímenes de terrorismo de Estado.
Por eso no resulta adecuada la propuesta de encarar la solución del tema de los desaparecidos a partir de un diálogo entre lo que se llama “los directamente involucrados, militares y guerrilleros”. Este encare produce un reduccionismo en la naturaleza del problema impidiendo comprender su naturaleza en relación con el régimen de terrorismo de Estado.

A menudo se dice que los problemas de derechos humanos del período anterior han sido zanjados por el plebiscito que dio aprobación a la Ley de Caducidad. Sin embargo, si analizamos el proceso de aprobación de esta ley, encontramos que uno de los sectores que la apoyó (el wilsonismo) lo hizo sobre la base de la inclusión del artículo 4º, que establecía la necesidad de investigar la situación de los desaparecidos.

El incumplimiento de este artículo cuestiona la legitimidad de toda la ley. Mentar la ley sin decir que no se ha cumplido una parte sustancial de la misma es un abordaje fraudulento del problema.

La existencia de alrededor de un centenar de desaparecidos en el exterior, especialmente en Argentina, confirma la participación del régimen uruguayo en la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur -conocida como Plan Cóndor- articulado desde Chile por Pinochet, Contreras y Espinosa.

La cuestión de la violación sistemática de los derechos humanos durante la dictadura habitualmente se ha discutido en la izquierda junto con la cuestión de la concepción prevalente en las Fuerzas Armadas durante la dictadura, la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN). Esto plantea la necesidad de reafirmar las definiciones constitucionales referidas a la “misión de las Fuerzas Armadas”.

El pensamiento aceptado históricamente en nuestro país hasta la década del 60, había sido la asignación a las Fuerzas Armadas de la misión de defensa de la soberanía nacional, la integridad territorial y la preservación de las fronteras. Bajo el gobierno de Jorge Pacheco Areco, comenzaron a incorporarse los elementos de la DSN que sirvieron de sustento teórico y retórico al proceso dictatorial.

Una de las circunstancias agravantes de toda la impronta sanguinettista en este campo es la política de ascensos en las Fuerzas Armadas en el período posterior a la reapertura institucional.

El hecho que la gran mayoría de los oficiales que aparecen denunciados por su participación en delitos contra la humanidad en la década del 70 (Jorge Silvera, Manuel Cordero) no sólo no han sido castigados en función de la Ley de Caducidad. Tampoco han sido dados de baja del servicio activo. Por el contrario varios oficiales acusados han sido ascendidos, obviamente en perjuicio de otros oficiales de carrera sobre los cuales no pesan denuncias de esta naturaleza.

Desde distintas fuentes se ha hablado en estos días acerca de un eventual “pedido de perdón”.

Así planteado el tema es demasiado genérico, casi inasible. Un pedido de perdón puede formar parte de una secuencia de acciones destinadas a lograr una reconciliación nacional. Pero siempre deberá ser a posteriori del cumplimiento de un gran proceso de indagación y búsqueda de “la verdad y todas sus consecuencias.”

Se ha dicho que “la realidad de Argentina y de Chile ha demostrado que la verdad es absolutamente peligrosa”. (declaraciones del general Daniel García al semanario Búsqueda). Esta sola afirmación conlleva una cierta advertencia con intimidación.

Los procesos chilenos (donde ya hay dos oficiales generales presos y se investigan a varios otros) y argentino donde se ha avanzado en la investigación de algunos delitos del pasado, como el robo de bebés, -hay por esta causa más de una decena de oficiales superiores presos-, están mucho más avanzados que la post-dictadura uruguaya que no procesó, ni averiguó ni encontró -salvo a la nieta de Juan Gelman- a ninguno de los niños secuestrados durante la dictadura.

Es necesario culminar este proceso impulsado por el presidente Batlle con una firme y duradera reconciliación nacional. Más que un acto más o menos simbólico, la reconciliación a la que se aspira es un proceso. Un proceso de averiguación (o confirmación) de datos sobre el crimen estatal de la desaparición. Ese proceso entraña la necesidad de que todo el que puede aportar datos pueda hacerlo sin temor a las represalias.

La detención, en octubre de 1998, del general Augusto Pinochet en Londres tuvo como consecuencia, tanto en Chile como en el resto de América y en Europa, que se volviera a colocar el problema de la impunidad en la orden del día de los estrados judiciales, la prensa, las organizaciones sociales y los gobiernos.

La acusación del juez español Baltazar Garzón fue el resultado de la lucha de muchos años de los familiares de las víctimas de la dictadura chilena y también de la evolución del pensamiento en algunos de los países centrales acerca de cómo enfrentar, en las nuevas condiciones postguerra fría, la reiteración de los crímenes contra la humanidad.

Encontrado en: http://www.escenario2.org.uy/numero1/cores.html o