El Nuevo Diario

No debería ser una lucha en favor de esta o tal otra persona. La actual disputa entre la Contraloría y la Presidencia de la República trasciende las personas y así debemos de verlo los nicaragüenses. Mientras no exijamos, nos manifestemos y luchemos cívicamente por un estado que funcione, estaremos siempre a merced de personas. Lo que está en juego en la situación actual va más allá de la honestidad de Jarquín, o de Alemán: lo que está en juego es LA INSTITUCIONALIDAD DEL PAIS, o sea la necesidad de que la Presidencia de la República, sea quien sea quien la ocupe, es un cargo público, sujeto a la RENDICION DE CUENTAS. Debe rendirlas a la institución que la Constitución Nicaragüense ha dispuesto para este fin: LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Ningún Presidente, ni ahora, ni más adelante, debería poder rehusar la fiscalización de la Contraloría General de la República. Que la presidencia tenga reserva en cuanto al desempeño del Contralor, sea éste quien fuera, no es razón, ni argumento, para que rechace rendirle cuentas. El Contralor puede ser fiscalizado a su vez. El también tiene que rendir cuentas, pero esto no niega la responsabilidad institucional de la Presidencia de RENDIRLE CUENTAS a la Contraloría.

Lo que separa la democracia del totalitarismo o la dictadura, es precisamente la existencia de un sistema donde el Estado y sus instituciones existen como poderes públicos -o sea del pueblo-para cumplir las funciones mandadas por la Constitución, independientemente de la voluntad del partido o persona de turno en el poder. La institucionalidad del Estado es de hecho, la única manera cívica que tiene el pueblo de protegerse contra el abuso de las PERSONAS, que ocupan cargos públicos. El Estado, en un sistema democrático, está supuesto a cumplir con su mandato regulador, fiscalizador, ordenador sin depender de la calidad moral de quien ocupe la Presidencia de la República en un determinado momento.

La institucionalidad -o sea la independencia de los poderes del Estado de la voluntad de quienes ocupan los cargos públicos- es una necesidad, una protección del pueblo contra la posibilidad de que quien esté en el poder abuse de éste.

La aún joven experiencia que tenemos en Nicaragua sobre lo que signifique democracia, se revela claramente en el juicio que hacemos de las instituciones a partir de las personas que están al frente de ellas. Por eso es importante recalcar que lo que importa en este caso, por ejemplo NO ES LA PERSONA DEL CONTRALOR, sino la función de la Institución. Como ciudadanos, es nuestro deber respaldar la función de la Contraloría. En este pleito, por ejemplo, la maniobra de Alemán es anti-democrática y dictatorial porque está tratando de rechazar la función de la institución, atacando, a la PERSONA que ejerce esta función. Nuestro Presidente, desafortunadamente está defendiendo sus malos manejos atacando a Agustín Jarquín, en su intento de DEBILITAR la función de la Contraloría General de la República, que es precisamente la de exigirle que RINDA CUENTAS a la nación del manejo que ha hecho de los recursos públicos.

Lo que hacen los dictadores con el Estado es neutralizarlo a partir de designar en los cargos públicos a personas pusilámines, leales a ellos, que deciden cancelar la función de las instituciones. Así sucede que entra la ley de Luis XIV, que dijo aquellas su frase famosa «El Estado soy yo».

Lo que no podemos permitirle a los nicaragüenses, ni a Alemán, ni a ningún Presidente, es que se atropelle la institucionalidad para proteger intereses personales o para actuar con impunidad sin control público. En arca abierta, hasta el justo peca», dice el dicho. Y aunque el día de mañana nos tocara un «justo» o «justa» de Presidente, él o ella tiene que respetar la institucionalidad del Estado.

Nuestra lucha fundamental como ciudadanos en esta etapa de nuestra historia es crucial para el futuro democrático de nuestro país. Fortalecer la institucionalidad de nuestro Estado de acuerdo a lo que establece la Constitución, es la manera más cierta que tenemos de asegurarnos un sistema democrático donde nuestra nación y sus valores, no dependa del arbitrio del partido o persona que ocupe la Presidencia.

Salgamos pues a las calles, usemos nuestro poder cívico, NO PARA DEFENDER PERSONAS, sino para defender las bases sobre las que debe asentarse la gobernabilidad democrática de nuestro país. Esta es la lucha que nos toca. La lucha más importante que debemos ganar.