Fujimorazo en Ecuador
Por Mario Vargas Llosa
WASHINGTON.- El derrocado presidente de Ecuador, Jamil Mahuad, dijo que
el
operativo militar que lo defenestró fue "una cantinflada", y sin
duda tuvo algo
de razón, porque también fue eso. Pero olvidó añadir
que él mismo
contribuyó a dar ribetes payasescos al confuso episodio, con su
contradictoria
actuación. ¿Acaso no condenó el primer golpe, el de
los coroneles, negándose
a renunciar, para luego pedir apoyo al segundo golpe, el que entronizó
en la
presidencia al vicepresidente Gustavo Noboa, y, finalmente, declarar que
él
nunca había renunciado sino que había sido echado del poder
por la fuerza
armada y que, por lo tanto, el gobierno actual carece de legitimidad? ¿En
qué
quedamos? ¿Cómo se puede pedir apoyo para algo que al mismo
tiempo se
rechaza y condena? ¿No es eso un ejemplo de la confusión
mental y verbal
-existencial- que inmortalizó en sus películas el genio de
Mario Moreno,
Cantinflas?
Lo ocurrido en Ecuador tiene aspectos cómicos y rocambolescos (subdesarrollo
político en estado puro), pero nadie debería festejarlo,
pues significa, pura y
simplemente, que, siguiendo el mal ejemplo peruano de Fujimori y el
venezolano del comandante Chávez, otra democracia latinoamericana,
después de prostituirse, acaba de desaparecer y de ser reemplazada
por un
régimen autoritario que, aunque mantiene una fachada de civilidad
y
legalidad, es en verdad manejado por las Fuerzas Armadas. En el trágico
suceso cabe una responsabilidad mayor en este caso al Congreso
ecuatoriano, una mayoría de cuyos miembros, por temor o, más
probablemente, por codicia -conservar sus sueldos y sus gangas-, colaboraron
con los militares felones en el legicidio constitucional. El detalle pintoresco
y
trágico lo aportó una masa campesina de indios explotados
y marginados
que, creyendo rebelarse contra la miseria y la injusticia, sirvieron de
coartada
a los golpistas castrenses para presentar la defenestración del
legítimo
mandatario de Ecuador como un movimiento de "salvación social".
Tras el golpe, el medio golpe
El principio del fin de la democracia ecuatoriana comenzó unas semanas
atrás, cuando el presidente Mahuad legalizó la dolarización
de una economía
en bancarrota, víctima de un desmesurado déficit fiscal y
un proceso
inflacionario imparable. Desde que, el año pasado, el gobierno congeló
las
cuentas bancarias y anunció que no estaba en condiciones de cumplir
con sus
obligaciones internacionales en el pago de la deuda, el clima de agitación
se
había ido agravando hasta alcanzar contornos críticos. En
verdad, la
dolarización ya había ocurrido, por la libre, cuando el presidente
Mahuad la
oficializó, pues es lo que ocurre, de manera inevitable, cuando
los precios se
disparan y la gente común siente que la moneda nacional se le escurre
como
agua entre los dedos: se libra de ésta cuanto antes, cambiándola
en dólares,
y lo mismo hicieron comerciantes e industriales al fijar los precios de
las
mercancías en divisas en lugar de sucres, para reemplazar el caos
por una
relativa estabilidad.
La dolarización no fue la causa sino el efecto de una crisis inexplicable
e
injustificable en términos estrictamente económicos, en un
país como Ecuador,
que, además de petróleo, dispone de otros múltiples
recursos naturales, crisis
que venía incubándose en razón de la incompetencia,
la demagogia y la
corrupción de unos gobiernos democráticos cuyo extremo más
ominoso
encarnó el inefable presidente Bucaram, ahora prófugo en
Panamá. Pero ella
sirvió para que una ciudadanía maltratada por la brutal subida
de los precios y
la inseguridad y el miedo que produce todo proceso inflacionario identificara
un culpable concreto al que responsabilizar de sus males: el presidente
Jamil
Mahuad. En verdad, este economista graduado en Harvard, y, por lo que
parece, honesto, sólo podía ser acusado de indecisión
y de cobardía para
hacer las reformas debidas, y acaso de cierta torpeza política,
pero no de ser
el causante de un embrollo económico debido a una política
"neoliberal" que,
para desgracia de Ecuador, no se atrevió jamás a emprender.
Así comenzó la mojiganga. La Confederación de Nacionalidades
Indígenas
(Conaie), dirigida por Antonio Vargas, decretó una marcha campesina
hacia
Quito de sesgo inequívocamente insurreccional. Varios millares de
campesinos
-el sector más empobrecido y explotado de la sociedad ecuatoriana-
convergieron sobre la antigua ciudad, movidos por una justificada cólera,
pero
totalmente inconscientes de ser utilizados por una cúpula militar
con un
designio secreto, y, sin disparar un solo tiro, ante una insólita
pasividad de
soldados y policías, la ocuparon, posesionándose incluso
del local del
Congreso. En estas circunstancias, la jefatura militar, encabezada por
el
general Carlos Mendoza, jefe del Ejército y ministro de Defensa,
el Fouché de
esta historia, propuso a Mahuad (según una versión de éste
que parece
verosímil) un fujimorazo, es decir, cerrar el Congreso y hacerse
con el poder
total manteniéndolo a él en la presidencia, propuesta que
el presidente
rechazó. Entonces fue depuesto y se instaló una junta de
gobierno
cívico-militar integrada por el general Mendoza, el líder
indígena Antonio
Vargas y el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Solórzano, y
auspiciada
por el coronel Lucio Gutiérrez, líder de una facción
de oficiales jóvenes de
ideas socialistas que apoyaban la rebelión indígena, a los
que se sumaron,
entre otros estamentos castrenses, los ciento veinte cadetes de la Academia
Militar.
Según la prensa norteamericana, hay en este momento una discreta
reunión
del embajador de los Estados Unidos con los jefes militares facciosos,
a la
que asiste, además del general Mendoza, el jefe del Comando Conjunto,
general Telmo Sandoval. El embajador les hace saber que Washington
desaprueba el golpe de Estado y que, en consecuencia, Ecuador sería
declarado inelegible para recibir cualquier clase de ayuda financiera y
convertido en un paria internacional. Entonces, para "salvar al país
del
desprestigio y las sanciones", la cúpula golpista se autodefenestra,
y con la
entusiasta colaboración del general Mendoza salva la democracia,
reemplazando el golpe por sólo un medio golpe, es decir, instalando
en la
jefatura del Estado, en lugar de Jamil Mahuad, al vicepresidente Gustavo
Noboa. El Congreso aprueba la fórmula, justificando la sustitución
de
mandatarios con un exquisito eufemismo: Mahuad habría hecho "abandono
del cargo". El nuevo presidente jura respetar la Constitución, anuncia
que
mantendrá las políticas de dolarización y de ajuste
dictadas por su predecesor
y que combatirá la corrupción. Los coroneles rebeldes son
puestos en
disciplina y el general Mendoza renuncia a la jefatura del Ejército
y al
ministerio, denunciando al ex presidente Mahuad y a sus ministros de lo
mismo de lo que éstos lo acusan a él: haber querido propiciar
un fujimorazo
ecuatoriano. Los desconcertados indígenas son devueltos a sus comunidades
-a su hambre y marginación- y, en conferencia de prensa, su frustrado
dirigente, Antonio Vargas, protesta indignado por la traición y
engaños de que
ha sido objeto.
Ésta es, en apretada síntesis, la historia del naufrugio
de la institucionalidad
en Ecuador, un hermoso país de unos ocho millones de habitantes,
que, con
un mínimo de sensatez y limpieza en sus gobiernos, podría
gozar de altos
niveles de vida y avanzar deprisa en la modernización. En vez de
ello, acaba
de retroceder, como Perú y como Venezuela, de una democracia imperfecta
a
un régimen autoritario cuya base de sustentación no son los
ciudadanos y las
leyes, sino la fuerza militar. Es ésta, ahora, el centro del poder,
y el
presidente Gustavo Noboa, una mera fachada. Que se trate de una persona
digna y preparada, como indica su currículo, no cambia un ápice
esta
situación, pues la autoridad de que ahora goza no la debe, como
ocurre en
las democracias, a los electores y a unas normas legales, sino a la fuerza
cuartelera y a una astracanada parlamentaria que ha acabado con el poco
respeto que todavía podía tener ante la opinión pública
el Congreso
ecuatoriano.
Falta de decisión para el cambio
¿Qué enseñanzas sacar de lo sucedido en Ecuador? La
primera, la de la
extrema fragilidad que caracteriza el proceso de democratización
en América
Latina, debido a la incapacidad de los gobiernos para hacer las reformas
básicas, económicas y sociales, que permitan al pueblo identificar
libertad y
legalidad con justicia y oportunidades de mejora personal. Tanto en Perú
como en Venezuela y Ecuado, el descrédito de las instituciones que
permitió
el desplome del sistema se debió a una crisis de la seguridad, a
la corrupción
y a la sensación de impotencia que inspiraban los gobiernos representativos
para poner en orden la vida económica y crear reales oportunidades
de
desarrollo y progreso para el conjunto de la sociedad. Lo absurdo del caso
es
que, aunque esta descripción de la realidad política es cierta,
no lo es el
diagnóstico del mal: que éste se debe a los empeños
de los gobiernos
democráticos fracasados en aplicar las recetas "ultraliberales"
del Fondo
Monetario Internacional. La verdad es exactamente la contraria: que el
fracaso de aquellos gobiernos se debió a su falta de decisión
en la reforma
del Estado, a su reticencia para acabar con el sistema de privilegios y
tráficos
deshonestos que propicia el mercantilismo, a no haber emprendido auténticos
procesos de privatización en vez de transferir los monopolios públicos
a
monopolios privados tan corruptos e ineficientes como aquéllos y
a no haber
abierto suficientemente sus economías para que la aireación
de la
competencia internacional las saneara y dinamizara. En vez de esa
comprobación, la demagogia y la ignorancia hacen recaer toda la
culpa del
fracaso en una globalización (que aquellos gobiernos no han sabido
aprovechar) y en unas supuestas reformas liberales (que jamás se
realizaron). Ése es el mecanismo ideológico que está
detrás de los nuevos
regímenes autoritarios latinoamericanos, híbridos de brutalidad
e hipocresía, a
los que mi país, para vergüenza de los peruanos, ha prestado
un nombre y
un modelo: el fujimorismo.
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